martes, 19 de agosto de 2008

NIÑOS Y JÓVENES VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL. VALORACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DE SU TESTIMONIO Y SUS SECUELAS



JAVIER URRA
[Este texto se corresponde con parte del capítulo 1 (En el umbral del silencio. Abusos sexuales a niñas y niños) del libro compilado por el mismo autor -Tratado de Psicología Forense-, Madrid: Siglo XXI, 2002, pp. 429-457.]


I. 1. Detección por parte de cualquier ciudadano de la sintomatología del niño víctima de abusos sexuales


El tutor ha de mantener una ESCUCHA ACTIVA. Ha de ser receptivo. Ha de preguntar pero en un diálogo presidido por la confianza. Se ha de disparar la alerta cuando se aprecian cambios conductuales: sueño/vigilia; anorexia/bulimia. Ante los silencios, mutismos, distanciamientos, actitud agresiva impropia. Cuando los niños son muy pequeños el ir a lavarse reiteradamente, el tocarse los órganos genitales.


Para «sondear» a un niño es necesaria la VOLUNTAD DE AYUDA, no se ha de transmitir una honda preocupación y alarma, pues bloquearíamos al niño.
Hay que dejar entrever que de ser ciertas las sospechas, la culpabilidad ÚNICA es del adulto agresor, que el niño no va a ser sancionado. Hay que desbaratar el peligro de que el niño tenga sentido de CONNIVENCIA, o asuma una responsabilidad y culpabilidad por su denuncia en un hecho en el que participó (pero contra su voluntad).


I. 2. Miedo a denunciar


Del niño: «¿Me creerán?», «¿Mandarán a mi padre a la cárcel?», «¿Entenderán que yo no fui un consentidor?», «¿Quedaré señalado?», «¿Volveré a vivir con el agresor?», «¿No es mejor permanecer callado?». El niño muy pequeño no se formula estos planteamientos, simplemente no sabe si lo que le hacen está bien o no.


De los padres, cuando el agresor sexual es, por ejemplo, un maestro: «¿Podrá demostrarse?», «¿No dañaremos al hijo?», «¿Qué pasará en el juicio?», «¿No se enterarán los medios de comunicación?».


«Tenga en cuenta que nos consta que hay fotografías y podrían salir en la prensa».
De la madre, cuando el abusador es el padre: «No quiero hacerle daño», «No sé como responderá, lo mismo le hace o me hace algo», «Quizás nos abandone», «Todo el proceso puede afectar a la niña».


De vecinos, profesores, etc., el egoísmo entendido como que los problemas no son sociales, sino individuales. La errónea concepción de la patria potestad (el hijo es propiedad de sus padres).


I.3. La Fiscalía de Menores


Le Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, refuerza la intervención del Ministerio Fiscal, siguiendo la tendencia iniciada con la Ley 21/87, ampliando los cauces de actuación de esta Institución.


Esta Ley agiliza los procedimientos de protección del menor al permitir la asunción automática por parte de la entidad pública competente de la tutela de aquél.


I. 4. Vías de denuncia


Llegan por familiares, maestros, trabajadores sociales, médicos, ONG y, ocasionalmente, por las propias víctimas.


GRUME (Grupo de Menores de la Policía Judicial).


EMUME (Equipo de Mujeres y Menores de la Guardia Civil).


Policías Municipales.


I.5. Tipología de los agresores


El agresor sexual de niños suele ser una figura dominante, que violenta e intimida (llámese padre, tío, abuelo, entrenador o maestro).


Hay quien busca actividades próximas al niño y socialmente reconocidas (excursiones al campo) para conseguir sus escondidos propósitos.


Parece existir un número relevante de varones implicados que por su actividad laboral portan armas de fuego (hipótesis: ¿les confiere un poder -sensación- que no saben manejar?).


I. 6. Especial referencia al incesto


La prohibición del incesto es quizá la única normal cultural que es universal. «El incesto en el umbral de la cultura, dentro de la cultura y a la vez es la cultura misma» (Lévi Strauss). Se calcula que sólo el 10 ó 15% de los casos de incesto se denuncian.


Respecto al incesto padre-hija, se produce en hogares rotos, nace de forma insidiosa, los cónyuges pierden el deseo sexual. La madre declina en su autoestima. El padre impone su autoridad -muchas veces con violencia-.


A veces la madre es consentidora. La hija vive con tremenda angustia la conducta de sus dos progenitores. El incesto es hijo muchas veces del alcohol suele iniciarse antes de la pubertad de la hija: es la llegada de la edad fértil -miedo al embarazo de la hija-, lo que pone fin en muchas ocasiones al incesto.


I. 7. Declaración ante el fiscal


Se realiza en un ambiente lo más receptivo y normalizado posible. El tono, el lenguaje, la comunicación no verbal de quien entrevista se adaptan a la edad y características del adolescente o niño. Se elude -en lo posible- la inducción del adulto que le acompaña: «dile a este señor, que te tocó aquí en el toto».


Esta entrevista se realiza en presencia del psicólogo que trabaja en esta instancia y que, desde un segundo plano (también físico), escucha y observa la forma de conducirse del niño, su tipo de aseveración, dudas, silencios, incoherencias, fabulaciones, capacidad de abstracción, nivel mnémico, comprensión, etc. La confluencia o no entre lo expresado por medio del lenguaje y la comunicación gestual y todo el complejo global que rodea a esta tensa situación que en nada debe asemejarse a un interrogatorio tipo «tercer grado», o a una formulación de preguntas cerradas, algo que propio de un cuestionario, no de una entrevista.


De aquí, y sin interrupción, se pasa al despacho del psicólogo y se continúa en un ambiente más distendido, menos formal, la exploración de la presunta víctima.


I. 8. Valoración de la credibilidad del testimonio


Decía Loftus (1980): «Pocas cosas, aparte de una pistola humeante, tienen tanto peso en el juez como las declaraciones de un testigo». Pero en el caso que nos interesa estamos hablando de un testigo que es el perjudicado, de una víctima que además es un niño. Hoy se sigue creyendo que los niños «inventan mucho», que se pueden «imaginar hechos inexistentes» y que son fácilmente influenciables y manipulables. Lo cierto es que no hay un «detector de mentiras», un polígrafo enteramente fiable. Tampoco las «drogas de la verdad» logran su objetivo. El único indicador conductual que nos informaba cuando alguien mentía era la nariz de Pinocho.


Y recordemos que es distinto que una revelación resulte creíble a que sea válida y veraz, es decir que además de ser coherente en lo verbalizado (cogniciones, emociones y conductas) sea un recuerdo correcto de lo sucedido, mostrando la realidad acontecida.


Últimamente, y con una frecuencia alarmante, llegan a las Fiscalías de Menores denuncias de madres (casi siempre separadas) que indican que su «ex» abusa de su hija en las fechas que pasa con la niña (fines de semana, vacaciones).


La imposibilidad (en ocasiones) de comprobación física concluyente hace que quien ha de ser el garante en la defensa de los menores, el Fiscal solicita a los psicólogos forenses que exploremos a dichas niñas a fin de ratificar o negar el contenido de dichas denuncias.


Hemos de expresar la dificultad intrínseca del cometido dada la corta edad de las criaturas a entrevistar, la delicadeza con la que se ha de abordar el estudio y los sórdidos e incalificables intereses de los adultos en muchas ocasiones mal llamados padres.


Las/os niñas/os siempre son víctimas, ya sea de los abusos sexuales de su progenitor con las funestas consecuencias que se derivan o de un burda e insidiosa denuncia por parte de la madre que, en aras de evitar el régimen de visitas establecido o por temas tan materiales y despreciables como los de la propiedad de la vivienda o la percepción de unas cantidades económicas preestablecidas, fuerza la libertad y voluntad de su hija a fin de que testifique en falso contra su padre. Los padres varones en ocasiones dicen que su «ex» es promiscua, o hablan a los hijos de Satán o...


Resulta sorpresivo, pero tremendamente real, cómo del amor de una pareja, de tantos momentos, recuerdos e ilusiones conjuntos se puede dar paso al odio profundo, al desprecio que utiliza a los hijos como armas arrojadizas, o los somete a unas tensiones de «elección» impropia de quien antes que nada ha de ser padre/madre con todo lo que supone de priorizar el interés del hijo.


Para peritar la credibilidad del testimonio infantil, contamos con el «Análisis de la Realidad de la Declaración», sistema ideado por Udo Undeutsch (1989), puesto en práctica en distintos países y que parte de la constatación de que se cuenta de distinta manera lo que se ha vivido (más si se ha padecido) de lo que uno se imagina o inventa. De forma muy sucinta diremos que se basa tanto en la entrevista como el estudio preciso y detallado de la declaración.


El sumario ha de ser estudiado con detenimiento por el psicólogo de manera que rescatemos el mayor número de informaciones y del tipo de formuladas por la niña y el presunto agresor.


Posteriormente, en un despacho cómodo y que facilite un ambiente relajado y un clima íntimo, se entrevista a la niña permitiéndole una narración libre. Al acabar la misma se le formulan preguntas concretas que ajusten las contestaciones, permitan aflorar contradicciones y den una coherencia y globalidad a todo lo sucedido.


Se recabará asimismo información sobre la relación existente antes y después del hipotético hecho entre los supuestos víctima-agresor. Y qué otros interrogatorios ha tenido que soportar la niña, a fin de valorar los posibles sesgos consecuentes.


El análisis según Undeutsch (1988) se ha de concentrar en el conjunto de declaraciones de la niña, valorando algunos criterios fundamentales. Su presencia favorece la credibilidad. La originalidad de la expresión, la concreción, la determinación del lugar, los detalles («vívidos» y en número amplio). Hay otros criterios específicos que ratifican la credibilidad, se refieren a detalles relevantes o que aproximan complicaciones inesperadas.


Los antónimos, que suponen una gran pérdida de credibilidad, son la contradicción con hechos ya probados, verbalizar sucesos o conductas que chocan contra las leyes de la naturaleza, el ser inconsistente o incoherente con lo declarado anteriormente (nos referimos a contradicciones, no a variaciones explicables por fallas de memoria).


Undeutsch considera que en la evaluación final se ha de valorar: la capacidad de quien declara (la edad resulta un factor relevante); el grado de complejidad del suceso; el número de detalles que expone en la declaración; la seguridad, convicción e intensidad con que se han relatado los criterios durante la entrevista.


El informe final del psicólogo forense no ha de ir (no puede ir) más allá de determinar la declaración del niño como: creíble / probablemente creíble / indetermina probablemente increíble / increíble.


Steller ha demostrado (1988) la validación empírica y experimental del Análisis de la Realidad de las Declaraciones.


Steller y Köhnken (1990) elaboraron los criterios de contenido para el análisis de las declaraciones, añadiendo tres criterios a los 16 considerados por Undeutsch. Además recomiendan una fuente de información adicional, aplicando una chek-list de validez de la declaración que ampara 11 nuevos factores referidos a la motivación y características psicológicas del niño; las circunstancias de la entrevista; la consistencia...


I. 9. Casos ilustrativos


Por entender que resultan suficientemente representativos vamos a exponer tres casos incoados en la Sección de Menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.


I. 9. 1. Caso 1


Mª. Victoria empezó a sufrir agresiones sexuales por parte de su padre a temprana edad. Surgió en ella un fuerte sentimiento de culpa, ya que se atribuía a sí misma la responsabilidad de los hechos dentro de una ambivalencia amor-odio hacia su padre. Queda embarazada de estas relaciones a los 16 años y en el año 1996 nace Inmaculada.


En 1999 inicia convivencia en pareja con Juan Carlos, quien le anima a establecer acciones contra el padre por los abusos sexuales y violaciones. El padre de Mª. Victoria es condenado y cumple pena de prisión.


Inmaculada, de 10 años, explica a su profesora que es víctima «de tocamientos por el señor que vive con su madre». La profesora lo pone en conocimiento de la Sección de Menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.


Citada la niña, acompañada por su madre, ante el Fiscal de Menores y en presencia del psicólogo forense del equipo técnico, Inmaculada, a preguntas de ambos expresa «que cuando su madre estaba haciendo otras cosas, en la cocina o iba a comprar, la metía en el servicio y le empezaba a tocar: primero la desnudaba y le introducía el pene en la vagina, que antes le tenía que tocar el pene. Que mientras le hacía eso le amenazaba con pegarle o no comprarle nada si se lo decía a alguien. Que le hacía mucho daño pero no lloraba porque le decía que no llorara, porque si lo hacía la iba a matar.


Ella lo pasaba muy mal. Que también le tocaba en la vagina. Que ella estaba siempre muy asustada. Que él le decía que se tumbara en el suelo y entonces se ponía encima y le hacía daño. Que su padre pegaba a veces a su madre y a ella y era por lo de su abuelo. Que su abuelo y su madre la habían tenido a ella y le hacían cosas a su madre igual que ahora se lo hacían a ella y por eso tuvieron que meter al abuelo a la cárcel [...], que ella quiere a su padre -Juan Carlos- y no quiere que vaya a la cárcel». A nuevas preguntas, dice que «también le metía el pene por atrás y por la boca».


Pasa posteriormente Inmaculada a ser examinada por el psicólogo, a fin de valorar la credibilidad de su testimonio, la cual queda ratificada con un alto grado de confianza.

Por lo que el fiscal, en el ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Española, comparece en el Juzgado a fin de ejercitar la acción penal, formulando escrito en el que consta:
- El querellado convivía con su compañera sentimental Mª. Victoria y la menor e hija de ésta (víctima de los hechos).
- El querellado había comparecido ante el Registro Civil y manifestado que era el padre de la menor, consiguiendo la inscripción como tal, pese a saber que no era el padre biológico, cuya identidad ya estaba determinada por sentencia en la persona de su abuelo.
- La obligaba a encerrarse.
- Los hechos pueden ser constitutivos de los siguientes delitos:
1. Cinco delitos de violación.
2. Dos delitos de agresión sexual.
3. Un delito de provocación sexual.
4. Un delito de falsedad.


- Se acompaña la siguiente documentación [...]. Estas declaraciones deberán ser ratificadas, en su caso a presencia judicial, teniendo en cuenta la situación de la menor víctima de los hechos, cuya ratificación o nuevas declaraciones interesa el fiscal que se realicen salvaguardando en lo posible el interés de la menor y en todo caso, asistida del psicólogo.


- El fiscal interesa. Decretar la prisión provisional incondicional del querellado. Que se proceda al embargo de sus bienes para garantizar las responsabilidades civiles del ilícito penal imputado y que en este momento el fiscal determina en la cantidad de 40.000.000 ptas., por los perjuicios sufridos por la menor, victima de los hechos relatados.


En el juicio, don Juan Carlos reconoció que una vez iniciada su convivencia con doña Mª. Victoria, empezó a sentir un gran odio hacia su suegro, emergiendo en su persona deseos de venganza hacia él, por el sufrimiento y daño infringido a su compañera, deseos de venganza que al no poder materializar en la persona responsable de los actos cometidos, desplazó inconscientemente a la figura de la niña Inmaculada.


Solicitó tratamiento psicológico. Tiene acceso al mismo en la cárcel en la que permanece.
Desde la Fiscalía se recabó la intervención de los Servicios Sociales a fin de que realizaran una intervención con Inmaculada para restañar en lo posible, el daño psicológico y socioafectivo, consecuencia de la situación vivida y también un seguimiento familiar para ayudar a la madre (víctima reiterada) y valorar una situación que pudiera desembocar en desamparo.


Hemos de valorar la realidad de lo expresado por el niño/ a presunta víctima de abusos sexuales como antónimo a que sea producto de la fantasía o esté inducido por algún adulto. .


Y evitar el riesgo del «apriorismo confirmatorio», es decir, eludir que en búsqueda de confirmar una hipótesis, prestemos atención y demos relevancia a los factores que lo avalan y despreciemos o no reparemos en los que lo contradicen.


Lo ideal es que la exploración la realicen dos psicólogos forenses expertos, lo que permite que uno tome notas y adopte una posición más de observación, mientras el otro dirige la exploración.


Al tiempo erradica fuentes de error. La metodología debe ser que cada uno elabore y escriba las conclusiones a las que haya llegado, para posteriormente reunirse y apreciar los puntos de acuerdo o en su caso de dis-crepancia. La grabación en vídeo es positiva, pues permite analizar tantas veces como sea necesario la comunicación verbal y la no verbal.


I. 9. 2. Caso 2


Comparece en las dependencias policiales del Grupo de Menores de la Policía Judicial doña Consolación para formular denuncia contra don Gerardo, con el cual la dicente había estado casada teniendo de dicha relación una niña que cuenta con nueve años. Que la guarda de la menor fue otorgada por el Juzgado de Familia al padre.


Ante el Fiscal de Menores comparece don Gerardo, quien explica que su esposa comenzó a tener un comportamiento anormal, imputándole hechos vejatorios para así fundamentar la demanda de separación que interpuso.


Posteriormente, y en seis juzgados de distintas ciudades, doña Consolación procedió a denunciar al declarante por un presunto delito de abusos deshonestos contra su hija. Contrastada la veracidad de lo expuesto por don Gerardo, así como que doña Consolación se ha presentado en múltiples hospitales manifestando la agresión sexual del padre sobre la hija, se cita a doña Consolación y en otra ocasiones a la menor (acompañada del padre) a la Fiscalía.


Entrevistada doña Consolación por el psicólogo y apreciadas las graves dificultades para centrar el curso de su pensamiento, informa a Su Señoría de la necesidad de que ordene la práctica de un informe psiquiátrico a realizar por la clínica médica forense. Así se acordó y llevó a efecto, dictaminando el doctor firmante, la grave psicosis de la examinada.


Durante el transcurso de esta exploración, la madre se puso en contacto con distintos medios de comunicación, lo que forzó al Ministerio Fiscal a remitirles, apercibimiento expreso poniendo en su conocimiento que «deberán de abstenerse de emitir por su cadena, cualquier tipo de imagen o información».


El informe de la entrevista que realizamos a la menor dos psicólogos forenses, lo iniciamos explicitando que la madre había hecho que su hija fuera reconocida en once ocasiones por distintos ginecólogos de diferentes ciudades del Estado español, lo que se valora como una respuesta de comprobación de la madre de tipo repetitivo basada en sus peculiares características emocionales y cognitivas.


Obviamente, las múltiples entrevistas previas imposibilitan valorar realmente la credibilidad de la niña, pues el recuerdo se difumina por sobreposición de datos que se van reinterpretando. La huella de memoria pierde su nitidez, pues lo que queda es una reconstrucción.


Es por ello que realizamos una serie de preguntas que versan sobre sus intereses, motivaciones, desagrados, miedos y otros aspectos, que nos aproximan su forma de entender el entorno, vivencia de las intenciones ajenas, etc.


Mostramos su autopercepción, sistema relacional. Exploramos en busca de posibles traumas, aspectos recurrentes u obsesivos y otros síntomas, que dejen traslucir desequilibrio emocional, relacional, de tipo patológico.


Se concluye que se expresa con claridad, normalidad, espontaneidad y simpatía. Su proceso evolutivo no está enlentecido en las áreas cognitivas, afectivas, ni sociales. No se aprecia ningún rasgo patognómico, ni miedos a la figura paterna.


Asimismo, se apunta la normalidad observada respecto al contacto ocular, confianza, fluidez... La no inhibición o reacciones específicas que denoten sensibilización (retardos, silencios) a estímulos verbales próximos a experiencias traumáticas.


No se encuentran en el rastreo conductas depresivas, ni baja tasa de actividad, ni contenidos emocionales o cognitivos de tristeza.


Diagnóstico: Menor normalizada. No se detectan secuelas psicosomáticas por ningún incidente o conducta.


Coherentemente, la niña siguió conviviendo normalmente con el padre. La madre no estaba capacitada para responsabilizarse de su hija ni en un régimen de visitas estricto. Entendemos que ya la había victimizado severamente.


I. 9. 3. Caso 3


Comparencia en la Fiscalía del TSJ de Madrid, Sección Menores, de don Aurelio como padre de la menor Begoña. El mismo .se encuentra separado de su esposa doña Marina (que ostenta la guarda de la menor), quien convive con don Juan Francisco.


Que «a raíz del período de vacaciones de verano que la niña pasó con su esposa y el compañero de ésta, la menor comenzó a mantener un comportamiento especialmente llamativo en materia sexual con actitudes impropias de una niña de su edad, mostrando interés por los órganos sexuales del declarante cuando pasaba los días de visitas con él».


Comparece en este acto también doña Ana, madre de la menor Eva, que es hija del citado anteriormente don Juan Francisco. La declarante (anteriormente separada de otra pareja) se encontraba conviviendo de hecho con don Juan Francisco y en la actualidad se encuentra separada de él, en virtud de convenio privado, ostentando por dicho acuerdo la declarante la guarda de la menor con un régimen de visitas con su padre.


Que «a raíz del verano pasado y tras el período en que la niña estuvo conviviendo con su padre y la compañera, Eva comenzó a besar a la dicente con la lengua y a introducirle las manos por la entrepierna...».


Complemento de lo anterior, ambos comparecientes desean poner de manifiesto que sus respectivos ex compañeros y otras personas que pueden estar causando perjuicio a las menores padecen una situación de dependencia de sustancias estupefacientes, cocaína y alcohol, lo que a su juicio pudiera contribuir a la situación en que se ven envueltas las menores.


En fecha distinta, comparecen a la Fiscalía citada, doña Marina, que explica que en la actualidad tiene desavenencias con don Aurelio, debido a la venta del piso propiedad de ambos cónyuges. Y don Juan Francisco, quien también relata problemas por el tema del piso (de su propiedad), con doña Ana. Entienden que éstas son las causas de las acusaciones falsas y totalmente infundadas de las que son víctimas.


Se ponen a disposición de esta Fiscalía, a fin de facilitar la realización de cualquier «diligencia» que se considere pertinente, con el fin de verificar la veracidad o no de las conductas imputadas [...] solicitando que si se comprobase que se trata de una denuncia falsa por unos hechos inexistentes, se remita [...] a fin de depurar responsabilidades en que hubieren podido incurrir los denunciantes por su temeridad y mala fe.


El psicólogo en diferentes sesiones se entrevistó con los adultos, que le dejaron entrever que su relación era de parejas, pero habiéndose invertido su composición. Escuchó frases de las que anteriormente fueron amigas del tipo «Acosaba a los hombres» o «Intentó tener relaciones conmigo». Se entienden los recelos de todas las figuras y los posicionamientos: «Creo que está obrando de mala fe»; «Me impide ver a mi hija»; «Me odia por estar con su ex amiga»; «No somos promiscuos» y un extenso rosario de frases similares.


En sesiones distintas se explora a las dos niñas, que cuentan con 6 años. En síntesis sus respuestas fueron claras y pronunciadas con seguridad, no se apreciaron frases aprendidas o inducidas. Hablaron de autoexperiencia. Resultaron creíbles, ¿pero qué dijeron?, que no había abusos sexuales. Se descartó también participación en conductas calificables como de promiscuidad.


El estudio detenido de ambas niñas, la no apreciación de ocultaciones, silenciosos traumas u otros síntomas verbales o no verbales, nos llevó a informar a Su Ilustrísima nuestro convencimiento científico de que las niñas no sufrían abusos sexuales.


Concluíamos los informes de la siguiente manera.


«Quiere el firmante manifestar a Su Señoría la solicitud de que se transmita a todos los adultos implicados, el daño que las tensiones entre las partes pueden provocar a las niñas, ocasionándoles ser víctimas de una lucha de lealtades realmente reprobable. Se les ha de manifestar que la prioridad es la evolución de la personalidad de los hijos y que antes que nada son padres.


El abajo firmante, y si así lo estima el Ministerio Fiscal en aras de conseguir el objetivo arriba mencionado, se pone a disposición de mantener en esta instancia una entrevista con los cuatro adultos, para analizar la realidad y en la medida de lo posible eludir conflictividad emocional, jurídica, etc., que dañe a tan preciosas e inocentes niñas».


Dicha reunión de los cuatro adultos ante el psicólogo se llevó a efecto en Fiscalía.


Se consiguió:
a) Que hablasen, sin que «la sangre llegase al río»
b) Rebajar la ansiedad de la pareja denunciante (verbalización que creían en la inocencia de los «ex»).
c) Desactivar la denuncia por calumnia.
d) Que valorasen el superior interés de las niñas.
e) Que constatasen el daño que esta situación de seguro ocasiona a sus hijas «pudiera ser irreversible».

Desde luego, al mediador le quedan serias dudas de haber propiciado un éxito duradero.
Cuando los adultos se esfuerzan en dañar a los niños, lo consiguen.


Para terminar este tema acotaremos algunos «flecos».


En el caso de niños muy pequeños que no valoran profundamente el abuso sexual más que como una agresión es el proceso ulterior el que puede dañados.


En cuanto a elicitadores o facilitadores de la expresión de los niños, se les puede indicar que realicen dibujos; su objetivo será la desinhibición, facilitar la comunicación, valorar su nivel de fantasía y verbalización, incluso hasta el conocimiento que posee de las distintas partes del cuerpo.


Desde luego su fin no debe ser su interpretación confundiéndolo con un test tipo Machover/Goodenought (de la persona), Koch (del árbol) o Corman (de la familia).
También se pueden utilizar muñecos, si son los comunes sirven para que los más pequeños superen inhibiciones, facilitan las expresiones y la representación de situaciones complejas.


Respecto a los muñecos anatómicos (que poseen atributos sexuales) promueven una situación muy artificial por novedosa en los niños que por su puro «afán de investigar» pueden inducir a error al observador.


I. 10. Testificación del niño ante el juez


Prima en la misma la vivencia subjetiva que el actor tiene del procedimiento. Generalmente, la dilatación de la Justicia conlleva que entre el hecho y el juicio el tiempo ejerza como estresor, lo que se incrementa por los miedos inespecíficos que el niño va elaborando ante una situación desconocida donde entiende que va a ser examinado y puesto en «tela de juicio». Todo conduce a un alto grado de aprensión y reticencia. Sus temores se hacen realidad si se encuentra en el Juzgado con el acusado antes de la comparecencia (lo cual no es inhabitual).


Como fácilmente se comprende, son múltiples y poderosos los factores que influyen sobre el niño, incidiendo tanto sobre sus recuerdos como en la actitud que adopta en la Audiencia. Existen estudios que evidencian las diferencias que el paso del tiempo provoca en la memoria, del recuerdo vivido y en detalle al más general y diluido, en el que resalta algún aspecto puntual.
El juicio provoca en el niño un angustioso «miedo escénico», donde soporta: la presión de la Instancia; de las figuras adultas, serias, rituales y distantes; del presunto agresor; de la atenta y expectante mirada de los padres, del susto a hablar, a olvidar, a no ser entendido o creído.


I. 11. Mecanismo de neutralización del abogado


Ratificar sus anteriores declaraciones pasa por el tamiz de las preguntas, entre otros, de un abogado defensor que las formula de forma cerrada, remarcando dudas, contradicciones, ¿no habrás sido la inductora?, ¿no te lo estarás inventado?, etc.


Es entendible que algunos niños se muestren dubitativos, busquen en la sala con la vista el apoyo de los padres... Ello deviene en la creación de una duda que el juez entiende fundada.


Otras veces lo que fue un «invento» del niño (inducido o no) es mantenido por el mismo para no desdecirse ante quien le creyó y formuló la denuncia; el asesor ha de estar expectante ante esta posibilidad para con la Venia de Su Señoría solicitar que salga de la sala quien elevó la denuncia (razón de más si coincide que es el padre, la madre o ambos).


Sin embargo, en muchas ocasiones, los niños sorprenden por su seguridad, su falta de artilugios y elaboraciones, mostrándose claros e inequívocos en sus expresiones, dando la impresión de que su objetividad y contundencia se basa en un distanciamiento de los hechos que se juzgan.


También apreciamos en otros casos lo contrario, una duda permanente que emerge de una grave lucha de lealtades; esto acontece cuando el abusador sexual es un familiar muy directo y primordialmente si tiene ascendente sobre el niño.


I.12. El interés del menor versus presunción de inocencia


En los juicios de estas características entrechocan en muchas ocasiones dos derechos constitucionales: uno se refiere a la necesidad de la prueba que elimine la presunción de inocencia del hipotético agresor; otro, a respetar el interés del menor, la evolución y maduración de su personalidad.


Este conflicto ha de ser abordado con prudencia, sustentándose en las garantías procesales, en evitación del cada vez más común falso testimonio, pero ha de realizarse entendiendo, aun de forma genérica, la personalidad y características de los niños en su conjunto y del que está delante en particular. Vasto campo de trabajo para el asesor que ha de formar a jueces y fiscales en lo referente al pensamiento del niño en los distintos estadios y, por ende, en la manera de enunciar preguntas, actitud a adoptar, etc.


Recordemos que nosotros, en todo caso, hemos de tomar (sin perder objetividad) partido por el niño.


I.13. Cuando el agresor sexual del menor es otro menor


En estas situaciones el presunto agresor llega a Fiscalía vía reforma y como preceptivamente exige la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000, es explorado por el equipo técnico y muy específicamente por el psicólogo.


Si el hipotético inculpado niega su participación mientras que la presunta víctima confirma su autoría, le cabe al clínico cruzar los datos de ambas exploraciones, lo cual no siempre garantiza concluir con una aseveración incontestable.


El objetivo de intervención de la Fiscalía y los Juzgados de Menores en el área de reforma y específicamente con los agresores sexuales es mostrar la intolerancia social que estas conductas producen, dar una respuesta sancionadora no confundible con una motivación vindicativa, poner límites a su actuar e intentar garantizar su no reincidencia.


En ocasiones el hecho es aislado, realizado por un solo sujeto y hace cuestionarse ante la verdadera significación de los conceptos de consciencia, responsabilidad e imputabilidad.


I. 13. 1. Casos variados


Caso A
Recuerdo a un niño de 12 años, un niño que a las dos de la mañana había «violado» a una niña de 8 en una gasolinera derruida donde había un colchón. Para explicarme su forma de conducirse me dijo «es puta». ¿Qué hacían a esa hora dos niños tan pequeños? Claro que la niña era de protección, hacia allí se dirigió la actuación de la Fiscalía. ¿Y el niño? ¿Qué vivencia tenía en casa? ¿Qué concepto tiene de la sexualidad y del respeto al otro? ¿Qué aprendizaje ha «mamado» en casa? ¿Es auténticamente responsable? Es consciente, ¿pero es responsable?


Caso B
En otras ocasiones se niega la evidencia. Viene a la memoria la denuncia de una madre viuda que informaba que su hijo era víctima de todo tipo de abusos sexuales en el internado donde residía por un niño negro muy fuerte. Explorado el presunto agresor cabe definirlo como «sano» e incapaz de lo que se nos relataba. Dado lo cual entrevistamos a la presunta víctima, quien reconoció su tendencia homosexual y sus relaciones sexuales voluntarias con otros niños, no con el denunciado. Mantuvimos una reunión el niño, la madre y el que suscribe. Quedó aclarado. Sin embargo, no fue asumido por la madre; han pasado dos años y sigue llamando para que investiguemos a aquel niño presunto agresor.


Caso C
Muchas veces los padres hacen mucho daño a sus hijos y a la sociedad en general. Adoptan una posición de defensa activa de sus niños, justificándoles, desplazando responsabilidades, incapacitándoles para asumir sus actos (la responsabilidad no sólo es un deber, es un derecho, que como todos se alcanza cuando se ejerce).


Pues bien; nos llegan dos menores de 14 años porque habían cogido a una niña de 6 años y le pusieron la cabeza entre sus piernas. Entrevistados los padres de estos muchachos dijeron convencidos al psicólogo: «Le está usted dando mucha trascendencia a este tema, que es un juego», y preguntaron con desfachatez: ¿Usted de niño no lo hizo? Realmente contesté indignado: «No, no lo hice; los niños jugábamos a "médicos", pero nada tiene que ver».


Entrevistados los menores resultó que llevaban mucho tiempo viendo revistas pornográficas y específicamente felaciones y quisieron ponerlo en práctica. Obviamente (con esos padres) no entendían lo negativo de su obrar. Por su propio bien -pues no hay nada más lesivo que un profesional aséptico y distante- les pregunté: ¿Cómo juzgaríais que yo hiciera lo mismo con vuestra madre? Entendieron la gravedad.


Al tiempo llegó un oficio en que se me interrogaba por mi obrar, pues el letrado entendía que los menores habían salido trastornados de la entrevista psicológica -paradoja cruel.
En el juicio (comparecencia de los menores) el letrado inició su argumentación diciendo: «Señoría, este caso no es importante; en los colegios el juego de las mamadas es común...». Le interrumpí. Su Señoría quiso hacerme callar, pues el derecho a la defensa le permite, no callé, el artículo 10 de la Constitución Española defiende el derecho al libre desarrollo de la personalidad y en estos menores el posicionamiento de padres y abogado estaba abortando este derecho.


No hagamos niños crueles e irresponsables. Pensemos, ¿conocen ustedes alguien que a los 42 años diga: hoy, por primera vez, voy a violar? ¿O a un violador que agrede a su víctima en un lugar público, donde él corra riegos?


A ser insensible, hedonista, nihilista, el principio de primero yo y luego yo, se aprende; pero se aprende porque hay quien lo enseña; quien no educa, quien «deja hacer», quien jamás dice no.


Caso D
En otras ocasiones los padres encubren directamente. Recuerdo el menor que había acosado a dos jóvenes. El padre me aseguró que estaba con él, luego era inocente. Sin embargo, en la exploración psicológica «algo se escapaba, algo no encajaba»; preguntado al final, tipo «globo sonda», si había estado alguna vez hospitalizado contestó que nueve veces para intervenciones de su pene que, entre otras malformaciones, padecía de hipospadia. Todo quedó explicado; sus miedos, sus dudas sobre su potencia viril, su necesidad de agredir. El padre nos dijo, «no se lo había contado en la anamnesis porque no veía la relación». Sin comentarios.


Caso E
En otras ocasiones la agresión es grupal, muchas veces alentada por el alcohol, por la presión del grupo, suele vejarse a la víctima haciéndole beber orina, esperma, etc.
Hemos de discriminar la responsabilidad de cada autor, pues muchas veces apreciamos que es uno el incitador, el organizador, pues estos actos que parecen azarosos suelen estar previstos. El grupo sirve para encubrir; para dispersar responsabilidades.
Hace poco veíamos uno de esos casos. Cinco jóvenes habían invitado a una niña a su casa y alguno la violó. Todo quedó claro: un muchacho, el dueño de la vivienda llevaba viendo «cientos de veces un pasaje de un vídeo pomo», preparó toda la cita y consumó el acto. Lo sorprendente fue que los muchachos comentaron al psicólogo que «bueno, sí; la niña parecía un poco tonta, pero poco». Citada la misma resultó ser afecta cromosómica, con las características inconfundibles del síndrome de Down (ojos oblicuos, macroglosis, dedos cortos, dermis palmar gruesa, barbilla deprimida, etc.). Queda claro hasta qué punto se puede desfigurar la realidad con el fin de atenuar la responsabilidad.


Caso F
Vemos otros casos reincidentes, recalcitrantes, convencidos de que las mujeres les desean, que cuando una mujer dice no quiere decir sí.
Cuánto daño hacen en ese sentido las revistas y películas pornográficas que unen sexo y violencia, que adoptan una perspectiva donde la mujer es pasiva, es un objeto de placer, no una persona activa, participativa, una persona al fin.


Caso G
Por último, citaremos el caso eminentemente patológico que demanda ayuda y dice: «Si no me tratan y me encierran, volveré a hacerlo». Son casos trágicos pero reales. Somos conocedores de sus problemas y de nuestras limitaciones.
En el último informe de este tipo reflejábamos: «Es fácil diagnosticar y aun pronosticar este caso; es muy difícil tratarlo con visos de éxito».
Nunca renunciamos al/los tratamiento/s, pero no podemos optar por otra alternativa que no sea el internamiento.


I. 14. Secuelas


Los niños que han sufrido incestos o abusos sexuales continuos sufren las «secuelas del silencio», un sentimiento equívoco de autoculpabilidad por connivencia, vergüenza, baja autoestima, a veces depresión, desconfianza, pueden buscar el castigo o conducirse de forma promiscua, hasta repetir con sus hijos esas mismas conductas de abusos sexuales.


La agresión sexual a los niños es un mal trato que atenta a su salud mental, a su futuro, a su evolución. No somos conscientes de la gravedad del daño, ni de la increíble cantidad de casos que quedan en eso que hemos denominado cifra negra. Nos falta sensibilizarnos, podemos creer a un niño pequeño cuando denuncia estos hechos, pero recelamos en exceso ante la denuncia aplazada (interpuesta, por ejemplo, por una adolescente de 16 años).


Propiciamos así una segunda victimización y damos carta de naturaleza a los miedos que habían impedido poner dicha denuncia con anterioridad.


De verdad que hay quien sólo empieza a desprenderse de la venda de su inocencia cuando se entera de que una niña de 5 años ha contraído una enfermedad venérea. Hoy existe prostitución infantil, vídeos pornográficos de niños. Anuncios en periódicos de tirada nacional que en el espacio de saunas y masajes anuncian «menos de 13 años» o «impúber».


No seamos ilusos; es muy peligroso «asustarse de la sombra y agarrarse al bulto». Denunciar lo que hay nos permite sensibilizamos con los niños, creerlos, protegerlos. Pero hemos de cuestionamos en nuestro obrar, cuando un niño que es víctima de abusos en su hogar; es separado del mismo y mandado a una institución, ¿cómo vive este acto entre comillas de «protección»?


El coste psicológico del niño víctima del abuso no acaba en él mismo, muchas veces el proceso legal y unos miembros familiares que le golpean torpemente por su «maldad al tomar tal decisión», pues «los trapos sucios se lavan en casa», agravan las secuelas de quien está en edad de amar, de ilusionarse, de conocer a un igual con el que compartir ilusiones, esperanzas y no sufrimientos injustificados.


I.15. Tratamiento


De tipo cognitivo, ha de evitar la generalización de angustias, «fantasmas», miedos.
Se ha de analizar la realidad, desculpabilizar, hacer comprender que no queda una «marca indeleble e imborrable», que cabe ser un adulto feliz, dar y darse a los demás, vivenciar al prójimo como próximo a nosotros.


La psicoterapia, el tiempo, la normalización, la capacidad de superación del ser humano puede y debe hacer que ese padecimiento quede diluido y casi olvidado en una nebulosa de un pasado que no puede hipotecar el futuro.


Los verdaderos problemas surgen cuando no se abordan, los miedos, muchos casos de frigidez, vaginismo, problemas de interrelación se explican por daños; psíquicos profundos que no han sido atendidos. Sabemos cómo tratar, cómo «curar» estos casos, hagámoslo.


No podemos olvidar a los agresores sexuales de niños; esta desviación sexual se caracteriza por su recidiva. Los pedofílicos son muy reincidentes. Han de ser tratados por su bien y por el de hipotéticas futuras víctimas. Pero hemos de ser muy prudentes, las múltiples terapias, aversivas, cognitivas, etc., no son en el momento presente calificables de exitosas, por eso, en interés social no cabe otro recurso que la RECLUSIÓN PROLONGADA.


Seamos conscientes de que el miedo a la cárcel sí es un buen preventivo para estos pertinaces delincuentes sexuales.


Queda mucho por hacer, hay que perseguir la pornografía infantil. Alguien argumentará que el consumo de este material por los adultos es un derecho de éstos, que si en algo daña, el afectado será quien lo visiona. No es verdad, la pornografía infantil atenta contra el honor y la intimidad de los niños expuestos, fotografiados, grabados; sean de aquí, o de lejos.


Los niños no tienen patrias, son niños y han de ser todos protegidos.


La libertad de expresión es un derecho fundamental, sobre el que se sustentan otros, es irrenunciable, pero nunca debe confundirse con lo que es apología del delito, algo que claramente es perseguible y que se encuentra en algunos vídeos, en Internet o en revistas. Una cosa bien diferenciada es el arte y otra la burda plasmación o incitación de conductas socialmente reprobadas ante las que se ha de proceder judicialmente.


En la práctica forense hemos encontrado un número significativo de casos en que abusadores de niños han potenciado sus conductas con estos materiales, o violadores de mujeres que han racionalizado su agresión desde textos que emiten el falso y peligrosísimo mensaje: «cuando la mujer dice, no, quiere decir sí».


Vamos ahora, si le parece a comentar brevísimamente algunos de los casos que referentes a los abusos sexuales llegan al Defensor del Menor. He buscado con la elección dar una amplia visión de la problemática.


En 1997 fueron 6 las denuncias por abusos sexuales entre iguales. Destacaré para la reflexión aquella en que la Fiscalía de Menores procedió obviamente al archivo de las diligencias por ser los presuntos agresores menores de doce años. La pregunta es: ¿intervienen los servicios sociales, los centros de salud mental, ¿o se espera a que reincidan para intervenir? Porque desde enero de 2001, las Fiscalías y Juzgados de Menores no intervendrán si el menor no ha cumplido los 14 años. ¡ Atención!, que puede quedar sin respuesta sancionadora su acción (piénsese en un niño que abusa sexualmente con once años y no capta la repulsa y el límite social ¿no reincidirá?).


En otro caso, cuatro adolescentes de quince años habían agredido a una menor de doce. La menor hubo de someterse a pruebas de embarazo. Desde el Defensor del Menor y dado el convenio suscrito con el Colegio de Psicólogos, se le propició apoyo psicológico.


Otra queja planteada por una madre informaba de la posibilidad de interponer querella criminal contra otra madre, por las acusaciones públicas que había vertido contra su hijo, ya que habían producido graves trastornos en la vida familiar.


Respecto a las 21 denuncias formuladas en 1997 por abusos sexuales de adultos, es de reseñar que desgraciadamente la mayoría se han producido en el ámbito familiar.


Señalemos que en tres ocasiones las madres de una menor denunciaron la situación de riesgo de su hija, por supuesta comisión de abusos sexuales por parte del progenitor en la celebración del régimen de visitas, lo que se comunicó a la Sección de Menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en uno de los se concluyó situación de riesgo de la niña de 5 años, prohibiéndose el contacto con el padre; en los otros dos se mantuvo un régimen de visitas restringido a favor del padre.


En el expediente de queja 16.273/97, la interesada compareció ante esta Institución mediante escrito de queja, tras presentar denuncia ante el Grupo de Menores, por los presuntos abusos sexuales cometidos a su hija menor por su ex marido. La interesada refiere el problema del retraso en la realización de un examen pericial a su hija dada la acumulación de trabajo en la Clínica Médico Forense donde, según informa, el plazo medio de espera para la realización de las pruebas periciales es de diez meses.


Considerando este Defensor que la ausencia de criterios de prioridad en la elaboración de los informes relativos a menores de edad no lleva consigo sino un agravamiento de la situación ya penosa de las víctimas de abusos sexuales, se acordó dar traslado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien acordó dar cuenta de la queja al Fiscal General del Estado. Posteriormente, se recibe escrito de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, explicando las medidas acordadas, entre ellas la creación de más plazas de psicólogos en las clínicas médico-forenses y la dotación de las mismas.


Se han registrado también tres expedientes en los cuales el posible abuso sexual, aunque se ha producido en el seno familiar, ha procedido del nuevo compañero de la madre del menor.
En tres ocasiones los particulares han denunciado posibles abusos sexuales cometidos presuntamente por un profesor del colegio donde sus hijos están escolarizados.


Entre otras múltiples acciones y ante la solicitud de asesoramiento en relación al estado emocional de los niños, se facilitó las señas y teléfono del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales, que dispone, de forma gratuita, de asistencia psicológica y jurídica no sólo para las víctimas, sino para todos los miembros de la familia que lo soliciten o precisen.


Los expedientes registrados con los números 16.150/97 y 16.151/97, se abrieron de oficio como consecuencia de una noticia aparecida en un periódico de tirada nacional, según la cual un hombre raptó a dos menores, de seis y nueve años de edad cuando jugaban en un parque, introduciéndolos por la fuerza en su vehículo procediendo después a golpeados brutalmente y a violar al más pequeño.


Ante estos hechos tan deplorables, este Defensor se trasladó para transmitir personalmente a los padres y a los menores todo el apoyo y comprensión, animándoles además a proteger su intimidad para paliar en lo posible los efectos negativos que de este hecho pudiera derivarse y ofreciendo la colaboración de la Institución por si los menores necesitaran algún apoyo de carácter psicológico o de cualquier otro tipo. Se derivaron ambos casos a la Unidad de Salud Mental.


Una queja realizada telefónicamente por una denunciante anónima ponía en conocimiento de esta Institución los presuntos abusos sexuales de los que era objeto una niña de ocho años, por parte de un adulto en silla de ruedas que le entregaba una cierta cantidad de dinero, todo ello en un parque público.


Junto a los Servicios Sociales, se realizó un seguimiento casi diario, hasta poder comprobar la veracidad de la denuncia y poner a disposición judicial al abusador.
En el expediente 3.514/97, se dirige a esta Institución una psicóloga-forense para poner de manifiesto las deficiencias legislativas detectadas en el tratamiento de los menores como víctimas de abusos sexuales.


Es cierto, y esta Institución viene constatando, con motivo de la tramitación de diversos expedientes de queja, las carencias de un tratamiento diferencial de los menores de edad que intervienen en procedimientos judiciales como víctimas de delitos de abusos sexuales.


La falta de previsión de particularidades procesales para los menores de edad, previamente verificadas por este Comisionado territorial respecto de la práctica de diligencias de comunicación ordenadas por los distintos órganos jurisdiccionales provoca que los niños y adolescentes agraviados por este tipo de hechos delictivos contra su libertad sexual tengan que afrontar su intervención en las distintas fases del proceso penal sin adecuación a su momento evolutivo, ni a su especial situación emocional y sociofamiliar.


De este modo, se vienen generando situaciones paradójicas y lamentables, tales como la dinámica de falsas denuncias favorecidas por ilícitas estrategias de defensa, enorme publicidad e incluso alarma social derivada de este tipo de casos, y la frecuente retractación o perdón bajo temor de los menores ofendidos tras la formulación de denuncias contra familiares con quienes siguen conviviendo, que son perfectamente conocidas por todos los operadores jurídicos, y especialmente por las Secciones de Menores de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia.


Además, este tipo de procedimientos judiciales agrava la situación de las víctimas menores de edad por la ausencia de criterios de prioridad en reparto y enjuiciamiento de asuntos penales de esta naturaleza, las frecuentes dilaciones procesales indebidas o la falta de pautas homogéneas de actuación en la instrucción y vista oral de estas causas criminales.


Ante esta situación, cada órgano jurisdiccional adopta las medidas que estima convenientes, que habitualmente son acordadas con la mayor buena fe, pero con el máximo desconocimiento sobre aspectos esenciales de la agresión sexual infantil como la credibilidad del testimonio en menores de edad objeto de abusos, dinámica incestuosa, etc.


En este sentido, recientemente nuestro Legislador se ha mostrado sensible frente a esta realidad, que registra importantes manifestaciones normativas en Convenios y Recomendaciones de Organismos Internacionales, así como en la legislación comparada de nuestro entorno, a través de iniciativas parlamentarias promovidas desde la perspectiva de las víctimas de los delitos.


Así, siguiendo pautas, entre otras, de la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros, de 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal, se promulgó la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos violentos y contra la Libertad Sexual, por la que se regulaban diversas modalidades de resarcimiento.


Así en su artículo 15:


3.- En todas las fases del procedimiento de investigación, el interrogatorio de la víctima deberá hacerse con respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad.
4.- La víctima de un hecho que presente caracteres de delitos en el mismo momento de realizar la denuncia o, en todo caso, en su primera comparecencia ante el órgano competente, deberá ser informada en términos claros de las posibilidades de obtener en el proceso penal la restitución y reparación del daño sufrido y de las posibilidades de lograr el beneficio de la justicia gratuita.
5.-El Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la víctima de toda publicidad no deseada que revele datos sobre su vida privada o su dignidad.
Sin embargo, no se han abordado legislativamente otras especialidades en el ámbito procesal que, desde el acento en la persona de la víctima, pretendan adecuar la intervención de los menores agredidos en el proceso penal a su edad y situación y contribuyan a paliar los efectos que el delito ha producido, sin la necesidad de revivir los hechos reiteradamente a lo largo del procedimiento, ni de ser sometidos a presiones innecesarias y contraproducentes (recordemos que este informe para la Asamblea de Madrid se elaboró en 1997).
Por todo ello, esta Institución entiende que una asumible y puntual reforma procedimental, que no requiere recursos materiales y humanos añadidos, incidirá notablemente en una mejor protección para el menor y de adecuación de la acción administrativa, incluida la Administración de Justicia, que fueron proclamados por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Con atención a la pretensión formulada por la interesada, este Comisionado parlamentario autonómico, al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.1.c), 16 y 25.2de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, estimó oportuno remitir al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid las consideraciones y propuestas elaboradas por esta Institución con el fin de anali-zar la problemática planteada, y en su caso promover, las actuaciones que estimase oportunas. Lo que se concretó en 1998, 1999, 2000 y 2001 en distintas reuniones y algunos logros anteriormente comentados.
En 1998, se formularon al Defensor del Menor 12 quejas por abusos sexuales. Reflejamos alguna:
En dos de los expedientes se denunciaba la supuesta utilización del menor en pornografía, así como los abusos sexuales de los que él mismo había sido objeto por parte del padre.
Un equipo de Salud Mental, puso de manifiesto los hechos presumiblemente delictivos contra la libertad sexual de dos hermanos menores, siendo el presunto agresor su hermano mayor de diecinueve años de edad.


De especialísima gravedad fueron los hechos conocidos por esta Institución como consecuencia de la comparecencia de un menor de diecisiete años que padecía un retraso madurativo y mental ligero con una minusvalía reconocida del 37 %, acompañado de su hermana de dieciocho años, quien padecía también retraso mental y una disminución de su capacidad orgánica y funcional reconocida del 53 %, afectada de Síndrome de Down (218/98).


En la referida comparecencia ante el Defensor del Menor, ambos jóvenes acusaban a un tío abuelo de que bajo intimidación y violencia, eran víctimas de agresiones sexuales continuadas, consistentes en acceso camal y penetración anal, por el referido familiar. Asimismo ambos hermanos relataban que su tío les entregaba sustancias estupefacientes para que las tomasen por la nariz.


Por otra parte, los comparecientes explicaban que periódicamente eran trasladados del domicilio a otra vivienda, en una furgoneta junto a otros chicos y chicas acompañados por un conductor, el tío materno y tres adultos más, donde al parecer se repetían las agresiones por múltiples personas.


De forma inmediata, tras realizar el Defensor del Menor un breve análisis de credibilidad del testimonio que ratificó la más que probable veracidad de los hechos relatados se remitió oficio poniéndolos en conocimiento de la Sección de Menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.


Las investigaciones desarrolladas por los funcionarios del Grupo de Menores de la Brigada de Policía Judicial, en estrecho contacto con esta Institución y con la Fiscalía, culminaron con la detención de seis personas presuntamente implicadas en los hechos, que pasaron de inmediato a disposición judicial. A este respecto debe señalarse la posibilidad de que los mayores de setenta años eludan el cumplimiento de la pena privativa de libertad, lo cual resulta alarmante socialmente, máxime teniendo en cuenta la cada vez mayor esperanza de vida que permite llegar a la edad de setenta años en plenas facultades, no siempre, como se ve, bien usadas hacia los demás, no importándoles ni la manifiesta disminución psíquica de sus víctimas, como claramente reflejan sus rostros, razón por la cual quizás deba estudiarse la legislación sobre la materia.


En el expediente 729/98 se denunciaba la actividad presumiblemente delictiva de un padre que prostituía a sus dos hijas menores de edad, a través de Internet. En el curso de la investigación, este Comisionado de la Asamblea de Madrid solicitó informe a la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Grupo de Menores. Verificada la falsedad de la denuncia, se procedió a cerrar el expediente de queja.


El expediente 695/98, dado su carácter más genérico dio lugar a la celebración de diversas reuniones con miembros de la Asociación «Acción contra la Pornografía Infantil», en las que, además de aportar las firmas en las que fundamentaban su queja, realizaron diversas propuestas de tipo normativo.


En informe requerido por el Congreso de los Diputados, en la fase previa a la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Reforma del Texto Penal, este Comisionado desde una óptica garantista de los Derechos de la Infancia, estimó conveniente que se incluyera un tipo específico de apología de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en los que los menores sean víctimas, estableciéndose la punición de dicha conducta en relación con la libertad de expresión, conforme a lo establecido en el artículo 18.2 del Código Penal para entenderla como una forma de provocación o incitación directa a la comisión de delito.


En 1999 se recibieron en el Defensor del Menor 18 quejas por abusos sexuales. Cuatro de ellas hacen referencia a niños pequeños que han sido obligados por otros menores de más edad a realizarles felaciones.


De las de adultos destacamos tres denuncias a profesores. En otras dos ocasiones la queja es contra forenses, por entender que sus versiones en el procedimiento judicial por abusos sexuales a su hija fueron contradictorias. Una denuncia refiere que su hija fue obligada a prostituirse. Y otra que en una casa, una mujer reúne a muchos menores, sospechando que mantenga relaciones sexuales con ellos o los utilice en pornografía infantil, dándoles dinero y hachís.


El 26 de octubre de 1999 en el diario El Mundo aparecía un titular: «Un juez que pide el indulto para el padre que violó a su hijo justifica esta decisión».
Muchas voces, imágenes, palabras escritas, debates, tertulias se han agolpado. Demagogias, reflexiones, críticas, entrecruzado.


El hecho aconteció en Posadas, localidad cordobesa donde reside la familia.


La madre oyó un grito de su hijo de cuatro años y fue corriendo al cuarto de baño, donde el padre y el hijo se estaban duchando juntos. El padre dijo que el pequeño se había caído y que se le había introducido por el ano el bote del gel. No obstante, el médico que lo atendió destacó que los desgarros anales del pequeño eran los típicos de una agresión sexual.


El juez Juan Ramón Berdugo en la propia sentencia subrayó que la versión del padre, tras las pruebas médicas que se practicaron en el juicio, «es totalmente irreal e imposible de creer».
El caso surgió sin que mediara denuncia familiar. Fue el médico que atendió al pequeño en el hospital quien dio parte al Juzgado de Guardia.


Desde que se inició la investigación se retiró la tutela a los padres, por lo que el pequeño vive desde entonces con sus tíos maternos.


El Tribunal juzgó y condenó a siete años a Francisco G. M., pero la Audiencia de Córdoba (formada por tres magistrados), solicitó de forma unánime el indulto y aquí saltó la polémica.


Con el respeto que toda sentencia merece, convencidos de la buena intencionalidad de la misma, conscientes de que cada caso concreto es distinto y que la riqueza de lo observado durante el procedimiento se nos escapa, permítasenos en un ejercicio meramente intelectual ir dando réplica a las afirmaciones del juez Berdugo, tal y como constan entrecomilladas en el diario citado (y por lo oído en el programa de radio de la Cadena Ser «Hoy por hoy», dirigido y presentado por Iñaki Gabilondo, en el que tanto Su Señoría, como el firmante participamos el 27 de octubre de 1999).


Se pregunta: «¿Qué sentido tiene que el padre ingrese en prisión cuando esa medida no iba a causar ningún beneficio a ninguna de las partes implicadas y cuando de hecho en sí no había tenido repercusión social?».


Contestamos. - Un hecho de estas características no debe quedar impune, ni frente a la norma, ni ante la sociedad y mucho menos ante la víctima, de otra forma sepultada y silenciada para siempre.


El magistrado argumenta: «Una pena meramente represora no serviría de nada, ni beneficiaría a nadie, de ahí la propuesta de indulto».


Le recordamos. - La pena tiene una función resocializadora, pero también coercitiva, dirigida a quien ha cometido una acción antijurídica, antinatural y aberrante y a otros potenciales desalmados.


Insiste en su postura: «¿Qué fin tiene una pena?», y añade: «Si la pena ha de tener una readaptación social del delincuente y, en este caso, ya estaba de antemano lograda, la Sala hizo la propuesta del indulto conscientemente».


Damos respuesta: ¿Se pretende abolir el concepto de culpa? ¿Cómo se ha readaptado quien no ha reconocido sus actos?, ¿qué motivación de cambio conductual y cognitiva se puede dar en quien no asume responsabilidades?


La no ejecución de la sentencia, produce escándalo. La sociedad, sin atisbo de venganza, ni ensañamiento, entiende que ese padre sodomizador es una injuria al progreso del ser humano, por eso exige su castigo.


Tampoco podemos olvidar el riesgo de los precedentes jurídicos.


La sentencia no sólo ha de proteger a la víctima real sino también a todas las víctimas potenciales de una criminalidad oculta tras las paredes del hogar.


El magistrado, recordó que: «la conducta del acusado no había despertado alarma social».
Y aquí nos preguntamos: ¿qué hacemos con el magnífico y atento vecino que un día en su hogar, sorprendentemente para todos, mata a uno de sus miembros?, porque no era un camorrista, ni violento..., de puertas hacia fuera.


¡Cuidado!, que nadie olvide la más que posible, probable reincidencia en este tipo de delitos, lo que se acrecienta si no hay castigo y tratamiento.


Supongamos que el hijo vuelve a ser abusado, ¿alguien lo denunciará?, ¿para qué?, ¿para que se concluya que puede y debe disfrutar de la patria potestad un padre que viola a su hijo de cuatro años? ¿No se corre el riesgo de volver al «derecho de pernada», o de introducir sin querer el vicio de que quien mantiene a la familia tiene unos derechos, incluido el sexo con ellos?
Apreciamos un olvido culpable, del derecho al honor, a la verdadera libertad sexual de todo ciudadano, por ende del niño.


Niño que sufrió un desgarro anatómico, mucho mayor será el emocional, incalculable, si cuando se haga mayor es consciente de que quien tenía que protegerle, en este caso los jueces, lo que han buscado -por su bien, es que vuelva con quien ha abusado de él.


No se dude, las modificaciones del Código Penal que impiden que los agresores de mujeres vuelvan a casa, debe ser inspiradora en estos casos de malos tratos. Por cierto que el alejado debe ser (repito), el agresor -lo que no siempre ocurre.


Las agresiones sexuales en el seno familiar no pueden quedar sin respuesta legal. El magistrado destacó: «Fue conmovedor el cariño que sentía el hijo hacia su padre» rememorando el momento del juicio en el que el pequeño fue corriendo hacia su padre, al que no veía desde hacía un año y medio.


Argumentamos: Pues claro que el niño le quiere, ¿pero qué se espera de un niño de cuatro años.
Hay que escuchar a los psicólogos y psiquiatras expertos. En estos temas, legisladores, jueces, medios de comunicación deben dar la palabra a los auténticos peritos y no a la opinión bien intencionada de los vecinos, o a la respuesta que nace de una apreciación sensible, bondadosa, subjetiva.


Claro que se quieren, los psicólogos y psiquiatras forenses le podrían haber dicho, que las familias incestuosas se suelen caracterizar por ser irreprochables externamente y mostrar un gran cariño entre los miembros.


La sentencia recoge que «Francisco G. M. es de intachable conducta, gozando del afecto y consideración por parte de sus convecinos, así como del cariño de su esposa e hijos».
Respecto a las relaciones familiares, pues lo dicho. En cuanto a lo de intachable, ¡hombre!, recordemos que la misma sentencia recoge que violó a su hijo y ocultó el hecho con la probable complicidad de la madre. Nada más, ni nada menos. Desde luego, repugna la sensibilidad de la sociedad civil.


Claro que cuando se encarcela a un padre de familia, se producen daños, pero de ahí a dar impunidad a los padres de familia que cometen delitos, dista un abismo.
Para eso están los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, para apoyar en todos los aspectos a la familia y también los vecinos y los miembros de la familia extensa, todos, incluida la madre, para trabajar, para ayudar, pero que nadie formule el criterio de que la unidad paterno-filial o marital debe estar por encima de los derechos del niño, del superior interés del menor.


No sancionar este incesto, deja en el subconsciente colectivo la impresión de que estas conductas no están penalizadas.


Una sentencia de este tipo, ¿qué efecto tiene en el resto de ciudadanos, en los que creen en el Estado de Derecho? ¿Y en los que incentivados por instituciones como la del Defensor del Menor han pensado denunciar situaciones preocupantes al otro lado de la pared? Porque de esta forma ¿cómo se protege a un niño de 4 años cuyo agresor está en casa?


La aplicación del Derecho Penal español, sigue estando claramente de espaldas a la víctima. Y entonces ¿cómo contar con la sociedad?, ¿cómo sorprenderse de algunas respuestas viscerales de quien es agredido -si es que puede?


Hemos leído que esta sentencia es una aberración jurídica: no lo compartimos. Que introduce un relativismo inaceptable en la consideración del delito: quizás tampoco. Pero sí creemos que victimiza a toda la sociedad y, más específicamente, a todos los niños.
En este caso, el resarcimiento a la víctima nos hace preguntarnos ¿quién tiene capacidad para conceder el perdón?


En una situación en la que el padre es el dominador y el niño en todos los sentidos dependiente, ¿cabe indultar a quien ha abusado también en todos los sentidos del hijo?


Recordemos que el bien a proteger no es el padre, sino el niño.


Es más, pensando en el propio agresor, ¿no tiene derecho a pagar con su pérdida de libertad su conducta, para reincorporarse a la sociedad sin interrogantes, ni «debe» en su cuenta histórica?
Los casos de este tipo requieren el apoyo psicológico continuado al hijo; al tiempo de una intervención terapéutica específica en prisión con el padre (algo muy complicado, pues no ha asumido su participación en la acción delictiva); y posteriormente con todos los miembros familiares para restablecer unas relaciones respetuosas y sanas.


La sociedad en general, los vecinos en particular no se creen (no quieren creer; los abusos sexuales a los niños, hasta que chocan de frente con alguien que padece enfermedades de transmisión sexual.


El 28 de octubre de 1999 en el editorial de ABC, se puede leer:


Los motivos por los que se pide el indulto son social y jurídicamente regresivos porque someten el reproche que merecía una agresión entre familiares al juicio de la familia y de la propia víctima [...], de cuatro años. Decir que el niño quiere a su padre, como motivo de indulto, no es más que la constatación de una relación afectiva muy normal entre victimas y agresores, de la que éstos se sirven para cometer y ocultar la agresión. Es la «coartada del afecto», como la ha definido con acierto Javier Urra, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Ese afecto es lo que hace más reprochable si cabe -no menos- el delito, por la fractura de los sentimientos naturales que se suponen en la relación paterno filial.


No lo duden, estos agresores se portan bien en la calle y también en la cárcel -cuando ingresan en ella-. Pero los niños los sufren reiteradamente en silencio.


Y eso que, como dice la socióloga de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, Encarnación Roig:«Desde 1996, los menores han comenzado a denunciar las agresiones sexuales».
En todo caso, existe una clara complicidad social contra las víctimas de los abusos sexuales, como expresaba en el diario El País, el 9 de noviembre de 1999, Jesús Palacios: «Una de las claves del abuso sexual es el secreto».


El también psicólogo Félix López refleja que un 20% de españoles mayores de edad recibieron abusos sexuales antes de los 16 años.


De los abusadores encarcelados, aproximadamente un 35%, lo están por agresiones a menores, pero debe tenerse en cuenta que esta tipología de delito es con mucho la menos denunciada. Lo que sí está comprobado es que los agresores de estas características, cuando cumplen los 50 años, buscan siempre a los menores como víctimas.


La edad que comprende el mayor número de abusadores sexuales se encuentra entre los 30 y 50 años.


En este tema imperan estereotipos radicalmente falsos, del tipo: Es un abuso infrecuente; se comete en lugares públicos por personas desconocidas; lo realizan personas desequilibradas con problemas conductuales; son actos aislados; sólo ocurre en los niveles económicos deprimidos; lo padecen primordialmente los adolescentes.


Son víctimas más frecuentes, las niñas (60%), siendo la franja de edad de máximo riesgo de 6 a 12 años. El abuso intrafamiliar golpea más alas niñas y el extrafamiliar a los niños.
La realidad es que los más agraviados son los niños de todas las clases sociales, lo sufren con reiteración en el propio hogar, por personas a las que tienen mucho afecto y de las que dependen, que además se comportan como buenos vecinos.


Según Finkelhor: «El abuso más extendido es el palpar o acariciar al niño encima o debajo de la ropa; sigue el tocamiento de órganos genitales; después el comercio sexual; menos el sexo oral o anal; más infrecuente es el coito vaginal, que se produce en actos esporádicos o en el contexto del abuso crónico familiar».


Este autor estima que los criterios externos de alto riesgo son: «Cuando el niño vive sin alguno de sus progenitores. Cuando el niño manifiesta que el matrimonio de los padres no es feliz o es conflictivo. Cuando la madre no puede atender al hijo (estar enferma o por permanecer fuera del hogar). Cuando el niño señala tener una relación basada en la disciplina punitiva impuesta por los padres».


Está comprobado que los niños más susceptibles de sufrir maltrato sexual son aquellos que también son maltratados de otras formas.


Y recuérdese que autoridades en la materia como Steller afirman que «las alegaciones realizadas por niños son en su mayoría verdaderas, al menos en un 70 % de los casos».
La presentación de una denuncia constituye una situación altamente estresante para el menor, en primer lugar para las consecuencias que pueden derivar para el ofensor (a veces querido por el niño/a) y en segundo por tener que declarar y testimoniar en el juicio.


Lo que ocurre es que ante el tabú de la relación sexual entre adultos y niños, las personas se protegen y cuando la realidad hace innegable que ha sido transgredido minimizan, niegan o desplazan la responsabilidad al niño, señalándole como posible autor de falsedad.


Algunas esposas o compañeras sentimentales se separan de su pareja al darse a conocer el motivo de su detención, conducta que se incrementa si el abusado es una hija o hijo.
Pero como afirma Blanca Vázquez: «Normalmente la familia incestuosa se adhiere fuertemente al tabú de hablar del incesto, a la vez que se encuentra transgrediendo directamente la prohibición de realizarlo». «La madre de la familia incestuosa suele "conocer" el incesto, aunque lo ignore, evitando cualquier verbalización respecto y manteniendo siempre una duda».


Todo lo antedicho conlleva la disimulación, que la mayoría de las veces se materializa en la retracción de la denuncia. Casi siempre estas retractaciones son falsas, lo que lógicamente va a traer consigo unas consecuencias traumáticas más devastadoras pues el niño víctima de una insondable desprotección se ve obligado a declararse mentiroso.


Los abusadores de estas características suelen ser varones, casi en su totalidad cuando la víctima es una niña, y en dos de cada tres casos cuando lo es un niño: (pese a que la ciudadanía no lo conozca, hay un 14 % de agresores que son mujeres).


El incesto padre-hija/o, no es una rareza. El incesto entre el padrastro e hija da cuenta del 18% de los casos. El incesto madre-hijo, el denominado gran incesto es casi desconocido por lo que conlleva de tabú, pero por lo apreciado en mi desarrollo profesional, trae consigo unas consecuencias gravísimas para el menor, en la mayoría de los casos irreversibles.


Por cierto, que las lesiones de carácter psíquico que sufre la víctima no se contemplan muy específicamente en las sentencias. Algunos jóvenes son conscientes de los daños sufridos, de las consecuencias traumáticas de los abusos sexuales padecidos cuando comienzan a tener relaciones afectivo-eróticas.


Y las secuelas a corto plazo (un 75% de las víctimas presentan un cuadro clínico), siguiendo a Glaser son: «Confusión y ansiedad. Culpa, angustia y depresión, sexualidad inapropiada (suelen sexualizar sus relaciones). Dependencia emocional. Presentar posiciones prematuramente adultas».


Las secuelas a largo plazo (aproximadamente se aprecian en un 35 % de las víctimas son descritas por Pribor y Dinwiddie, como «Altas tasas de trastorno de ansiedad (ataque de pánico, agorafobia, síndrome de estrés postraumático y fobias), depresión y abuso de alcohol».
La gravedad de las secuelas está en función de la frecuencia y duración de la experiencia, de la edad del niño/a, del empleo de violencia, de la existencia de violación, del grado de intimidad emocional o dependencia por parentesco existente con el agresor, de la percepción de ser escuchados o creídos cuando informan del delito sufrido.


Relativo a la edad, si los ofendidos o abusados son muy pequeños (etapa preescolar) ocasionalmente muestran estrategias psicológicas defensivas tales como negación y disociación. Los niños escolarizados traslucen más los sentimientos de culpa y de vergüenza ante el suceso. Si el abuso sexual se concreta en realización o intento del coito y el ofensor tiene una relación parental con la niña o niño que se encuentra en la ertpa adolescente, el abuso sexual se reviste de especial gravedad, pues la vícti-ma toma conciencia del alcance de la relación incestuosa, pudiendo conllevar fugas de casa, consumo abusivo de alcohol y otras drogas, implicación en conductas disociales e incluso pensamientos autolíticos con intentos de suicidio.


El tratamiento del niño ha de buscar en primer lugar prevenir que siga ocurriendo el abuso; minimizar las consecuencias emocionales; superar en la medida de lo posible el trauma. Desde el rigor científico no está consensuado que un objetivo de la terapia sea la reconciliación de los hijos con los padres abusadores. La intervención se debe realizar inicialmente con el niño de forma individual, mientras se efectúa en paralelo con los otros miembros familiares (el agresor recibirá la psicoterapia en la cárcel), para al fin poder realizar un tratamiento grupal, de conjunto.

Respecto al agresor, el problema nace de su negación de implicación en los hechos, lo que le evita una culpabilidad más amplia, el temor a la crítica abierta y a la cárcel, el aislamiento, la pérdida de relaciones interpersonales... Pero impide el tratamiento y la desvinculación a tan aberrante conducta. Y sin embargo, el tratamiento psicológico realizado de una forma especializada y muy continuada en el tiempo sería imprescindible para valorar su posible reinserción social.


Si profundizamos en el análisis, nos encontramos, con que como expone Blanca Vázquez: «Se ha detectado a lo largo de la psicoterapia que los paidofílicos casi invariablemente vivencian a sus padres como "ausentes", no geográficamente sino emocionalmente; de forma paralela, describen madres "omnipresentes", de alguna forma intensivas y dominantes. [...] Aunque se argumentan frecuentemente sentimientos de afecto hacia el niño, éstos no aparecen más que de forma muy superficial y siempre son relativos a la satisfacción propia de! adulto [...], Siempre encontramos una cierta dosis de sadismo en el paidofílico».


El nivel intelectual, de estudios y laboral de los padres agresores (referido a los detectados y encarcelados) es bajo o muy bajo, beben mucho alcohol y no suelen reconocer el delito cometido.
En ellos se aprecia.- Ausencia de culpabilidad, en ocasiones presentan paranoia o trastorno ansioso-depresivo, psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo. Bajo nivel de tolerancia a la frustración, dificultad para controlar las emociones. Inmadurez en la integración simbólica de la sexualidad y disminución de potencia sexual.


Respecto a los agresores de menores desconocidos, en su mayor número, son toxicómanos, destacando el alcohol como el de mayor consumo. Sin embargo, debe tenerse presente, que son responsables de sus actos, pues actúan con plena consciencia. Su personalidad es psicopática, con dificultad para desarrollar sentimientos de empatía, carecen en gran medida de frenos inhibitorios. Son muy reincidentes, mientras tengan éxito, seguirán repitiendo.


Aproximadamente, el 50% reconoce el delito cometido, pero piensan muy poco en la víctima.
Y es que sólo el 30% de los presos por agresión sexual (de todos los tipos), afirma sentir el daño causado. En los primeros años de cárcel, sienten rabia, confusión o deseos de venganza; con el tiempo, algunos reflexionan, interiorizan y piensan en la víctima.


Cuando son reclusos, suelen mostrar buena conducta, son cumplidores con la normativa y colaboradores en la actividad diaria. No suelen verbalizar si algún interno o en grupo han intentado lesionarles a causa del delito imputado. En algún caso comentan que no pueden salir solos al patio. Al autor de estas líneas, algunos agresores sexuales le han expresado que el número ha aumentado tanto que el resto de los presos «ya no se atreven con nosotros» (los delincuentes sexuales existentes en las prisiones españolas asciende -en 2001- a 1.950, lo que supone el 5% de la población reclusa; de ellos 660 son abusadores sexuales de menores).


Trataremos la triste realidad de los agresores menores de 18 años (el 20% del abuso sexual en la infancia está provocado por otros menores), que suelen actuar mediante el asalto callejero en ocasiones usando arma blanca, es común que además de abusar sexualmente, roben, con anterioridad consumen alcohol u otras drogas, a fin de «darse valor», o buscar una «coartada» atenuante.


Un altísimo número han abandonado los estudios antes de los 16 años, aproximadamente un 15% son analfabetos. En los centros de reforma se conducen de forma agresiva, les molesta e irrita estar sin libertad, pero su preocupación por las víctimas es nula. Proceden de familias marcadamente desestructuradas y carenciales, donde ha brillado por su ausencia el afecto, la seguridad, la motivación, la atención, los límites. Muy significativa resulta la ausencia de la figura del padre.


Para tener una visión genérica de la tipología de abusadores, vamos a plasmar dos modelos explicativos.


El de Cohen:
- Violador de agresión desplazada, no persigue el placer sexual, sino la humillación de la víctima.
- Violador compensatorio, que presenta una gran inmadurez sexual.
- Violador agresivo, que se excita con el sufrimiento de la víctima.
- Violador impulsivo, que además de violar, roba.
El de Soledad Galiana y Helena Marianas:
- Violación como mecanismo de compensación.
- Violación es una situación justificada desde la perspectiva del agresor.
- Violación dentro de una conducta antisocial generalizada.
- Violación como medio de obtención de un determinado objeto sexual.
- Violación como forma de conseguir contactos sexuales con un/una menor (de 12 años).